Corte ordena paralizar proceso de demolición de más de 900 viviendas afectadas por megaincendio en El Olivar
La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró admisible el recurso de protección que presentaron otras 21 familias del sector de El Olivar, en Viña del Mar, para detener el proceso de demolición de las propiedades que fueron afectadas por el megaincendio de febrero.
La resolución del tribunal ordena paralizar de inmediato la orden establecida en el decreto alcaldicio N°3507, dictado por la Municipalidad de Viña del Mar, que establece la demolición total de 916 viviendas en El Olivar.
Según explicó la abogada patrocinante, Alexandra Diamantidis, quien representa a las familias recurrentes, “la Corte acogió a tramitación el recurso porque se vulnera el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política que consagra el derecho de propiedad. Lo anterior, debido a que el estudio que dio origen al decreto edilicio incurre en errores de diagnóstico graves del estado de las viviendas. Por ejemplo, no incluye roles de propiedades que deben ser demolidas y, a su vez, incluye roles de propiedades que, de acuerdo con informes de expertos, no debiesen ser objeto de demolición total y fueron llevadas a cabo en contra de la voluntad de los propios dueños, quienes tampoco estaban informados de este proceso y fueron sorprendidos”.
La profesional destacó “como un hecho grave que el decreto de la municipalidad se basara solo en un estudio que se efectuó a través de drones, modalidad que propició errores, ya que dicha tecnología no fue capaz de percibir las características propias de las casas de El Olivar y la dimensión del daño que sufrieron”.
Agregó que “la decisión edilicia no se amparó en informes técnicos hechos en terreno por parte de profesionales idóneos para hacer una evaluación real del estado de las propiedades”.
La solicitud de las familias es suspender las demoliciones hasta no contar con los informes técnicos y sus respaldos que acrediten el riesgo de derrumbe de las propiedades indicadas, enmendado y fundamentando el decreto alcaldicio en que conste el grado de afectación de cada una de las viviendas.
Por las razones antes mencionadas, los vecinas consideran que se trata de un acto arbitrario. Angela Molina, una de las propietarias que presentó la acción legal, señaló que “hasta el momento no conocemos el motivo de la demolición y tampoco qué se va a reconstruir en el futuro”.
Los afectados solicitaron apoyo técnico y legal al Comité de Crisis de El Olivar. El dirigente de esta instancia, René Flores, señaló que es necesario que el proceso que se lleve a cabo tenga las garantías de que podamos recuperar todo lo que se perdió, sobre todo, respetando las condiciones de propiedad que están garantizadas por la ley y la Constitución. Hoy, no tenemos la certeza de que lo que se va a reconstruir se mantendrá en nuestra población, porque el proceso no da garantías por parte del SERVIU ni tampoco del municipio”.