Damnificados del megaincendio presentarán querella por irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a la emergencia

A dos años del megaincendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué, vecinos damnificados anunciaron la presentación de una querella penal para investigar el destino de los recursos públicos y privados que fueron comprometidos para la emergencia, luego de los antecedentes revelados por la Contraloría General de la República.

Los informes dan cuenta de pagos por servicios no ejecutados, fondos sin trazabilidad, donaciones no ingresadas al presupuesto, entregas sin respaldo, sobreprecios, duplicidad de pagos y contrataciones irregulares, en organismos como la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Arquitectura y las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué. Parte de estos antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Frente a este escenario, las familias afectadas, muchas de las cuales aún viven en viviendas de emergencia o han debido endeudarse para reconstruir, decidieron recurrir a la justicia penal para establecer responsabilidades por estos hechos.

Verónica Jiménez, vecina de Canal Chacao, sostuvo que “esto no es solo un daño económico, es una burla emocional. Se rieron de la gente. Los recursos estaban, pero no se usaron cuando más se necesitaban, y eso no puede quedar impune”.

Para Mauricio Aguilera, también afectado por el incendio, la querella busca una verdad largamente esquiva. “Siempre nos preguntamos dónde quedó la plata de las donaciones, de las campañas, de los fondos internacionales. Hoy no pedimos limosna, pedimos saber qué hicieron con esa plata y que alguien dé la cara”.

Por su parte, Claudio Salinas, hijo de un adulto mayor damnificado, relató que su familia tuvo que financiar gran parte de la reconstrucción con recursos propios. “Gastamos más de once millones de pesos y solo nos devolvieron una parte. Mientras tanto, los informes muestran que había dinero disponible. Sentimos que se burlaron de nosotros”.

Finalmente, Carolina Sánchez, en representación de sus padres de más de 80 años, enfatizó en que “si no hubiésemos tenido recursos, simplemente no habríamos recibido ayuda. Las familias se endeudaron, perdieron todo y hoy nadie sabe dónde están los dineros. Esto no fue caridad, era una obligación del Estado”.