Diputada Orsini presenta reforma constitucional para indemnizar a personas que hayan sido condenadas o privadas de libertad por errores judiciales
La diputada, Maite Orsini, presentó una reforma constitucional y legal, llamada “Proyecto Inocentes”, que establece un nuevo mecanismo de indemnización por error judicial, mejorando el sistema de revisión de condenas penales, con el fin de garantizar indemnización efectiva para personas que han sido privadas de libertad pese a no haber cometido delito.
Si bien nuestra legislación contempla un mecanismo de indemnización por error judicial, entregando esta facultad a la Corte Suprema, no existe regulación constitucional ni legal de su naturaleza, requisitos, causales ni procedimientos. En ese contexto, la principal dificultad ha sido cómo probar que el error judicial es injustificado y arbitrario, lo que trae como consecuencia que muy pocas personas logran ser indemnizadas.
Según datos de la Defensoría Penal Pública, desde el 2013 a la fecha, más de 28.000 personas estuvieron en prisión preventiva y finalmente fueron absueltas en Juicio Oral, sobreseídas porque no existió el delito o porque se demostró su inocencia durante el proceso. Solo entre enero y noviembre de 2025, 1.593 personas inocentes fueron absueltas o sobreseídas tras haber enfrentado meses o incluso años de prisión preventiva, pese a que la Fiscalía no perseveró o no existió delito. De ellas, 207 eran mujeres, 43 personas indígenas, 180 extranjeros y 40 menores de edad.
Estas cifras no son aisladas. En 2024, otras 1.874 personas inocentes estuvieron privadas de libertad, y en 2023, 1.391 personas resultaron inocentes después de haber pasado meses —e incluso años— en el sistema penal.
“El sistema de justicia penal, por su propia naturaleza, está sujeto a errores. La interpretación humana, la valoración de pruebas y aplicación de normas pueden llevar a condenas injustas o a la privación de indebida de libertad. Muchas veces esos errores provienen de malas prácticas: peritajes fallidos, reconocimientos erróneos, testimonios poco confiables o actuaciones indebidas de las agencias de persecución penal. El daño que producen es profundo y, sin embargo, el Estado casi nunca repara. Hoy el mecanismo de indemnización por error judicial es tan exigente que, en la práctica, es casi inaccesible”, dijo la diputada.
La legisladora aclaró que “Por eso esta reforma establece un nuevo mecanismo para acceder al derecho a ser indemnizado cuando una persona es absuelta tras prisión preventiva, cuando una condena errónea es revertida o cuando existen resoluciones manifiestamente arbitrarias o equivocadas. Además moderniza la revisión penal puesto que las causales actualmente reconocidas no abarcan la complejidad de los errores que pueden derivar en la condena de una persona inocente”, expresó Orsini.
Finalmente la parlamentaria fue enfática en señalar que “Cuando una persona inocente pasa meses, incluso años, en la cárcel, no existe monto que repare el daño en su vida familiar, laboral, emocional. Todos corremos el riesgo de ser inocentes juzgados por algo q no cometimos. Podría ser tu hijo, tu madre. A ellos nadie les devolverá el tiempo perdido y no existe medida de reparación posible. Lo mínimo que podemos hacer como Estado para intentar reparar en parte el daño causado es entregar una indemnización acorde al daño y en el menor tiempo posible.”
¿Qué plantea el proyecto?
La reforma crea un nuevo artículo en la Constitución, que establece un derecho claro a indemnización en tres casos:
– Personas que estuvieron en prisión preventiva y resultaron absueltas o sobreseídas definitivamente.
– Personas condenadas erróneamente, cuya sentencia fue anulada y reemplazada por una absolutoria.
– Personas sometidas a medidas cautelares o condenas basadas en resoluciones que la Corte Suprema declare manifiestamente erróneas o arbitrarias.
El proyecto también moderniza el recurso de revisión penal, ampliando las causales y estableciendo un nuevo proceso breve y sumario para determinar la indemnización. Actualmente para lograr una indemnización por error judicial se requiere demandar en un juicio ordinario, lo que aproximadamente demora 10 años. Con este nuevo procedimiento ese tiempo se podría reducir a meses.