Cerca de 800 reos buscan obtener la libertad condicional en la Región de Valparaíso
Un total de 799 personas privadas de libertad buscan acceder al beneficio de libertad condicional en la Región de Valparaíso, cuyas solicitudes comenzaron a ser revisadas este miércoles 14 de octubre por la comisión encargada de evaluar los antecedentes de cada postulante.
Se trata de la segunda sesión del año de la Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de Valparaíso, que analizará los casos de internos de 11 establecimientos penitenciarios de la región.
La mayor cantidad de solicitudes proviene del Complejo Penitenciario de Valparaíso, con 477 postulaciones. Le siguen los recintos de Quillota, con 69; Los Andes, con 54; y el Centro de Educación y Trabajo La Pólvora, con 53.
También se recibieron 38 solicitudes de San Antonio, 27 de Limache, 23 de Putaendo, 20 de Petorca, 20 del Centro de Educación y Trabajo de Valparaíso, 16 de Casablanca y dos de la Sección Carcelaria de Isla de Pascua.
La comisión es presidida por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Pedro García Muñoz e integrada por jueces de tribunales de Viña del Mar y Valparaíso.
¿Quiénes pueden acceder a la libertad condicional?
Las solicitudes serán evaluadas individualmente, considerando los antecedentes remitidos por Gendarmería y los requisitos establecidos en la legislación vigente.
Entre las condiciones para postular se encuentran haber cumplido la mitad de la condena o los plazos especiales que establece la ley para determinados delitos, mantener una conducta intachable durante el cumplimiento de la pena y contar con un informe psicosocial que permita evaluar los factores de riesgo de reincidencia y las posibilidades de reinserción social.
Además, la normativa contempla la participación de las víctimas en el procedimiento, quienes deben ser notificadas de las postulaciones y pueden presentar alegaciones por escrito ante la comisión.
Cabe señalar que la presentación de una solicitud no garantiza la obtención del beneficio, ya que cada caso debe ser analizado para determinar si cumple con las exigencias legales.
