Advierten que cambios a ley de fraudes bancarios podrían dejar más expuestos a los consumidores
Una modificación a la ley que regula los fraudes en medios de pago genera reparos entre organizaciones de consumidores. El proyecto MK4, actualmente en discusión en el Congreso, propone cambiar las condiciones bajo las cuales los usuarios pueden ser considerados responsables por operaciones que desconocen.
Uno de los principales cambios es que, en determinadas situaciones, se pasaría del actual estándar de dolo o culpa grave a culpa leve. Además, el proyecto establece que podría presumirse culpa leve del cliente cuando una operación haya sido realizada mediante autenticación reforzada.
El punto preocupa a la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), que advierte que una operación validada con una clave, código o segundo factor de autenticación no necesariamente significa que el cliente haya querido realizarla.
Esto, explican, puede ocurrir en fraudes mediante phishing, llamadas telefónicas falsas, suplantaciones de identidad o técnicas de ingeniería social, en las que la propia víctima termina validando una operación después de haber sido engañada.
“Autenticar una operación no significa necesariamente consentirla”, planteó el presidente de ODECU, Stefan Larenas Riobó.
La organización también pone el foco en la información que utilizan los delincuentes para concretar este tipo de estafas. En algunos casos, los responsables cuentan previamente con datos personales y financieros de sus víctimas, lo que permite realizar engaños mucho más convincentes.
Por eso, ODECU plantea que no debería ser suficiente que una institución financiera demuestre que se utilizó una contraseña o un segundo factor. También debería acreditar cómo se realizó la autenticación, si hubo alertas, si la operación era inusual para el cliente y qué medidas de seguridad se activaron.
“Si quien contacta a la víctima conoce antecedentes que razonablemente deberían estar protegidos, no basta con concluir que el cliente fue negligente porque entregó una clave”, sostuvo Larenas.
La discusión también apunta a bancos y empresas de pagos
El proyecto contempla además una mayor participación de otros actores de la cadena de pagos, como procesadores, subadquirentes y marcas de tarjetas, quienes podrían asumir responsabilidad cuando sus acciones u omisiones hayan contribuido a un fraude.
Para ODECU, esto permitiría evitar que toda la carga termine recayendo en la persona afectada, quien muchas veces no tiene cómo determinar dónde se produjo la falla de seguridad.
La organización sí valora medidas como la posibilidad de realizar denuncias de manera electrónica y la estandarización de la declaración jurada.
El proyecto MK4 continúa ahora su tramitación en el Congreso, donde uno de los principales puntos de debate será precisamente cómo perseguir los casos de autofraude sin reducir la protección de quienes son víctimas de estafas bancarias.
