Corte de Apelaciones de Valparaíso declara ilegal allanamiento e incautación de teléfono en Municipio de Llay Llay
La Corte de Apelaciones de Valparaíso falló a favor del Director Jurídico de la Municipalidad de Llay Llay, acogiendo un Recurso de Amparo en su defensa. La resolución, del 30 de septiembre de 2026, declara ilegal la autorización judicial y el procedimiento policial que derivó en la incautación de su computador laboral y teléfono personal el pasado 11 de septiembre. En ese mismo procedimiento algunos medios indicaban que el alcalde Edgardo González Arancibia había sido detenido, situación que no fue real.
Los hechos ocurrieron cuando más de una decena de funcionarios de la PDI llegaron al municipio solicitando la entrega voluntaria de equipos computacionales y telefónicos sin contar con una orden judicial. Por ello el administrador municipal, quien también es abogado, solicitó dicho documento, siendo retenido por al menos 4 horas sin tener derecho a comunicarse mientras se gestionaba una orden verbal del Juzgado de Garantía de San Felipe.
El fallo determinó que la medida se dispuso de forma infundada, vulnerando la normativa. La Corte argumentó que existe ausencia de antecedentes que vincularan objetivamente al Director Jurídico con los delitos que se investigan, evidenciando una falta de proporcionalidad en la decisión.
Además, concluyó que la PDI vulneró la libertad personal del amparado al mantenerlo retenido en su oficina a la espera de la orden. En consecuencia, el tribunal de alzada dejó sin efecto la autorización judicial y declaró ilegales los resultados de las diligencias. Además, ordenó restituir los objetos incautados a la brevedad, eliminar los datos obtenidos de ellos y declaró ilegal el procedimiento ejecutado por la PDI.
“Es de extrema gravedad que funcionarios de la PDI de Los Andes vulneraran las garantías constitucionales de trabajadores municipales mediante retenciones ilegales, sin fundamentos mínimos y excediendo sus atribuciones, tal como confirmó la Corte de Apelaciones al descartar delitos en el municipio. Estos actos atentan contra el Estado de derecho y representan una grave falta a la probidad, por lo que exigimos a las altas autoridades una respuesta institucional categórica y la aplicación de los sumarios correspondientes. Solo con estas medidas disciplinarias, nuestro municipio y la comunidad de Llay Llay podrán seguir confiando en la institución”, sentenció el alcalde Edgardo González Arancibia.
