Presentan querella criminal contra ministro Poduje por presuntas irregularidades en reconstrucción de El Olivar
La empresa Entidad Patrocinante Social Arquitectura Ltda. presentó una querella criminal en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, además del seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, y del director subrogante del SERVIU Valparaíso, por presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar.
Según la acción judicial, las autoridades habrían intervenido para excluir a Social Arquitectura y a la Constructora San Sebastián de los proyectos de reconstrucción destinados a 356 familias afectadas por el megaincendio de febrero de 2024. La querella sostiene que dicha decisión se habría concretado mediante resoluciones administrativas sin sustento legal, presiones a funcionarios públicos y la elaboración de antecedentes destinados a justificar la terminación de contratos vigentes.
La abogada de Social Arquitectura, Érika Maira, afirmó que la presentación busca esclarecer eventuales responsabilidades penales derivadas del uso indebido de facultades públicas. Según señaló, las actuaciones denunciadas incluirían presiones a funcionarios, falsificación de instrumentos públicos, engaños a familias damnificadas y decisiones que habrían derivado en una demolición considerada innecesaria.
La querella también sostiene que se ordenó la paralización total de las obras pese a que los informes técnicos disponibles habrían detectado observaciones corregibles solo en parte de las viviendas. Asimismo, acusa que funcionarios del SERVIU habrían sido presionados para emitir informes que respaldaran decisiones previamente adoptadas, incluyendo documentos con fechas distintas a las reales.
De acuerdo con la defensa de la empresa, las medidas adoptadas provocaron una paralización de 73 días en las obras, afectando el avance de la reconstrucción para decenas de familias que esperan recuperar sus viviendas definitivas.
La presentación judicial cuestiona además resoluciones que, según la querella, contendrían antecedentes falsos sobre supuestas fallas constructivas graves. Estos documentos habrían sido utilizados para inducir a vecinos a poner término anticipado a contratos vigentes, alterando el desarrollo del proceso de reconstrucción.
La abogada Érika Maira indicó que esperan que el Ministerio Público realice una investigación “exhaustiva, objetiva e independiente” para determinar eventuales responsabilidades y esclarecer si existió una utilización indebida de recursos y facultades del Estado durante la reconstrucción de El Olivar.
Hasta el cierre de esta edición, no se conocía una respuesta pública de las autoridades mencionadas respecto de la querella presentada.