¿Inclusión en la educación superior? entre el discurso y la realidad
Por: Antonieta Herrera Lillo, jefa de la carrera de Fonoaudiología, Universidad Viña del Mar
“En Chile y en gran parte de América Latina, la palabra inclusión se ha vuelto recurrente en el discurso educativo. Se pronuncia en escuelas, ministerios y congresos académicos, y no es casualidad: desde la Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994) hasta la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los Estados han sido llamados a garantizar el derecho a la educación sin distinciones. En niveles iniciales y escolares hemos visto avances: programas, ajustes curriculares y normativas que, aunque perfectibles, han abierto la puerta a una educación más equitativa. Sin embargo, cuando la mirada se dirige a la educación superior, surge una pregunta incómoda: ¿la inclusión es una realidad, o apenas un discurso en construcción?
En las universidades, la inclusión suele entenderse principalmente como el acceso mediante becas o gratuidad, como si con abrir la puerta ya estuviera resuelto el problema. Estas medidas son valiosas, pero resultan insuficientes si no van acompañadas de estrategias que aseguren la permanencia, el acompañamiento y el egreso en condiciones equitativas (Durán & Meza, 2021). La realidad muestra que estudiantes con discapacidad, de pueblos originarios o de contextos de vulnerabilidad continúan enfrentando múltiples obstáculos: desde barreras físicas hasta currículos rígidos y apoyos institucionales limitados (Figueroa & Muñoz, 2020). A esto se suma que gran parte del cuerpo docente carece de formación específica en inclusión, lo que convierte este desafío en una tarea que depende de voluntades individuales más que de políticas institucionales sólidas (Matus, 2019).
Una puerta abierta no es suficiente si el camino permanece lleno de barreras. Hablar de inclusión en la educación superior chilena es también reconocer una deuda histórica. Durante décadas, la universidad fue diseñada para unos pocos, bajo parámetros de homogeneidad y excelencia estandarizada. Frente a este legado, la Red de Educación Superior Inclusiva ha materializado un avance significativo: ha visibilizado la diversidad presente en las aulas y ha recordado que la igualdad de oportunidades no es un privilegio concedido, sino un derecho que debe garantizarse.
No obstante, conviene subrayar que la inclusión no se resuelve únicamente con rampas de acceso o ajustes puntuales en evaluaciones. El desafío central es cultural. Se requiere transformar la forma en que concebimos el aprendizaje y comprender que son las instituciones las que deben adaptarse a sus estudiantes, y no al revés. Mientras ese cambio profundo no se asuma, seguiremos perpetuando exclusiones silenciosas.
La noticia alentadora es que existen señales claras de avance. Experiencias impulsadas por distintas universidades y redes académicas demuestran que, con colaboración y compromiso, es posible avanzar hacia una educación superior más justa, inclusiva y humana. El reto ahora consiste en que estas prácticas no se limiten a casos aislados, sino que se fortalezcan como políticas públicas permanentes, con financiamiento adecuado y una visión de largo plazo.
La inclusión, en definitiva, no puede seguir siendo un gesto simbólico. Debe asumirse como un derecho garantizado y como parte constitutiva de la misión universitaria. Solo entonces podremos afirmar que la educación superior está cumpliendo realmente su promesa de movilidad social y desarrollo para todos y todas”.