Chilquinta arriesga multa de hasta $7.850 millones por prolongado corte de luz
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos a la empresa Chilquinta por incumplimiento a la normativa eléctrica debido a los prolongados cortes de luz ocurridos el miércoles 8 de mayo, que alcanzaron un peak de cerca de 40.000 clientes, durante el paso del sistema frontal.
Desde el organismo fiscalizador detallaron que los cargos son por la responsabilidad de la empresa al no concurrir a los lugares donde se produjeron las fallas en el tiempo que contempla la normativa, retrasando con ello la reposición del servicio.
Esto, específicamente, para el caso de 4.129 familias que se vieron afectadas por cortes que se prolongaron por 24 y 32 horas en 9 comunas de la región: Hijuelas, La Calera, Los Andes, Nogales, Putaendo, Rinconada, San Esteban, San Felipe y Santa María.
Esta situación representó una complejidad mayor para las familias, pues no contaban con energía para iluminar sus hogares ni calefaccionarlos, y, en algunos casos, tampoco para obtener agua potable.
El Director Regional de SEC Valparaíso, Patricio Velásquez, sostuvo que “la ciudadanía tiene derecho a contar con un suministro eléctrico continuo, seguro y de calidad, por lo que esta situación es inaceptable. Es importante reiterar que ni el viento ni la lluvia son justificación para este tipo de efectos, por lo que esperamos que la formulación de cargos, y eventuales sanciones que se pudieran aplicar, sirvan para que la empresa mejore su desempeño”.
En cuanto a eventuales multas para la empresa Chilquinta, desde el organismo fiscalizador indicaron que la normativa contempla un monto máximo de 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, más de $7.850 millones, aunque el monto final de la sanción dependerá del mérito de la investigación.
Del mismo modo, se reiteró el llamado a la ciudadanía que, ante cualquier problema con su servicio eléctrico, puede ingresar un reclamo a través de www.sec.cl o del WhatsApp SEC al +56 9 9000 0236, para que así la Superintendencia pueda hacer seguimiento y monitorear los tiempos de respuesta de las compañías.