Lavado de dinero en Chile

Por Henry Agüero Olsen

Habilitado de Derecho

Comisario ® PDI  – Asesor Seniors en Prevención Delitos Económicos y Lavado de Activos

Asesor Oficial de Cumplimiento

Lavado de dinero es el proceso mediante el cual las personas naturales o jurídicas encubren o disfrazan los reales orígenes de los fondos obtenidos, generados por medio de algunas de las actividades ilegales más comunes, como son el tráfico de drogas, la corrupción en las esferas de poderes de los servicios públicos o derechamente sobre la política y sus miembros, fraudes, trata de personas, prostitución, terrorismo, venta de armas, entre otras.

Con este concepto se conocían las operaciones mercantiles que se realizabas en los años 20 en Estados Unidos por el capo de la mafia Al Capone, quien en distintas ciudades mantenía una industria de máquinas de lavar ropa (lavanderías). En estos lugares “blanqueaba” el dinero del contrabando de alcohol ingresado en forma ilegal a ese país, logrando levantar un imperio de más de 1.800 millones de dólares (dinero actual).

En Chile, el “Lavado de Dinero” o “Blanqueamiento de activos” es una cuestión relativamente nueva. Por este motivo, y para estar a la altura de las exigencias de los tratados internacionales suscritos ratificados y vigentes, nuestro país debió implementar políticas serias con respecto a la prevención, detección e investigación de los ingresos de capitales obtenidos en forma ilegal, y que son inyectados a la economía formal.

Una de ellas es la creación en el año 2003 de la Unidad de Análisis Financiera. Este organismo, que se relaciona con el Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda, elabora los planes de acción y políticas anticriminales, emitiendo en forma constante circulares con directrices a todos los actores de los procesos de producción y financieros, entre otros, para la temprana detección de operaciones sospechosas y de implementación de políticas preventivas dentro de las empresas.

Existen personas obligadas por ley a declarar, reportar y elaborar políticas internas en la empresa para la prevención de estos actos, entre ellas se encuentran las casas de cambio, los hipódromos, los clubes deportivos S.A., usuarios de zonas francas, agentes de valores, bancos, agentes de aduana, entre otros. Sin embargo, al día de hoy, quedan excluidos importantes factores de comercio que no son agentes obligados y que vienen a marcar una fuerte diferencia a la hora de su entrega de información, como son las denominadas empresas automotrices, quienes pueden verse afectadas directamente al ser utilizadas como instrumentos de blanqueamiento de dineros provenientes del terrorismo, tráfico de drogas, delitos de cohecho, entre otras. 

Consciente de  aquello, el legislador en atención a la propuesta del Director de la Unidad de Análisis Financiero de la UAF,  presentó una moción parlamentaria suscrita por diez diputados para incorporar esta importante modificación a  la ley, dejándolas como sujetos obligados de informar operaciones sospechosas (Art. único agréguese en el inciso primero del Art. 3º, de la Ley 19.913, LAS EMPRESAS AUTOMOTORAS), además los incorpora activamente a la red de protección e implementación de políticas preventivas para detectar actuaciones del crimen organizado (incorporándolas a las circulares de la UAF).  Países como México, España, Alemania, Brasil. Canadá ya han implementado las observaciones a sectores no bancarios como las automotoras para ejercer un control efectivo sobre ciertas operaciones comerciales que derechamente puedan derivar en Lavado de Dinero.

Un informe elaborado por la Unidad de Análisis financiero pone de manifiesto las principales amenazas, debilidades y vulnerabilidades de nuestro país, esto en atención a las formas sofisticadas que utiliza la criminalidad organizada, que ha logrado penetrar los sistemas financieros formales. Es así que entre los años 2007 y 2018, los sectores económicos más vulnerados por los lavadores de activos fueron las automotoras (83%) y las notarías (84,9%). 

No obstante, el sistema chileno se encuentra sujeto a constantes procesos de evaluación por parte de Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI o Financial Actión Task Force (sede París, Francia), en cuya última evaluación realizada el año 2010, detectó falencias en la legislación e implementación operativas del sistema, lo que dio como resultado que Chile sea evaluado en forma NEGATIVA a nivel global, instándolo a mejorar sus sistemas de prevención y legislación vigente. 

En la práctica vemos en Chile que las bandas de organización criminal, como los carteles de la droga, suelen comprar automóviles de alta gama y otros de trabajo o de uso personal, a nombre de otras personas o de empresas creadas para el propósito de esconder capitales. Sin embargo, al día de hoy, no existe control sobre estas empresas que venden automóviles, ni tampoco son obligadas a hacerlo. 

Esperamos que con esta nueva implementación que señala: “Modifica Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, para incorporar a las empresas automotoras entre aquellas obligadas a informar las operaciones sospechosas detectadas”, nuestro país esté a la altura de los 36 países miembros a nivel mundial y que en conjunto se sumen a la lucha contra el crimen organizado que genera corrupción en los cimientos de las sociedades, especialmente sociedades jóvenes como las nuestras, caminando hacia el desarrollo social y económico.

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