Condenan a 10 años y un día de prisión a hombre por violación a hija de su pareja

A una pena de 10 años y un día de prisión fue condenado Erick Alejandro Saravia Zamora, de 47 años, quien durante el año 2011 violó a la hija menor de edad de su pareja en la localidad de Cabildo, en La Ligua. 
 
Durante el juicio desarrollado en el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota, el fiscal José Ramírez, expuso que los hechos ocurrieron desde que la víctima tenía 10 años, cuando su madre estaba atendiendo el negocio familiar fuera del hogar en compañía de su hijo menor o durmiendo,  hasta el año 2013, cuando la menor decide ir a vivir con unos familiares. 
 
De acuerdo a la declaración de la víctima, el acusado, quien además es padre biológico de su hermano menor,  cada vez que cometía el delito la amenazaba con frases como: “Si le cuentas a alguien voy a matar a tu mamá y después a ti”, ”Si tú hablas, tú mamá, se muere”. 
 
Si bien el Ministerio Público acusó a Saravia Zamora por violación reiterada y abuso, el Tribunal resolvió condenarlo por un delito de violación impropia con una agravante.
 
“La víctima se encontraba bajo la autoridad fáctica del hechor, aprovechándose éste de su situación de ventaja respecto de la menor a su cuidado, por lo que concurre la circunstancia agravante especial de responsabilidad prevista en el artículo 368 del Código Penal”, señala la sentencia.
 
El acusado deberá cumplir su condena de manera efectiva sin tener opción a penas sustitutivas. “Se dictó un fallo condenatorio por el delito de violación de menor de 14 años, imponiéndole una pena de 10 años y un día de presidio efectivo. Se trata de un hecho que configura tanto violencia de género como contra la infancia de la mayor gravedad. Por lo cual fue valorado por el Tribunal al momento de dictar el fallo condenatorio”, explicó el Fiscal Ramírez.
 
A los 10 años y un día de presidio se le suman las penas de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en casos que la ley designa, y de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal y a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.