Corte Suprema confirma ilegalidad de allanamiento e incautación en municipio de Llay Llay
La Corte Suprema confirmó la ilegalidad del procedimiento policial realizado el pasado 11 de septiembre en la Municipalidad de Llay Llay, luego de acoger un recurso de amparo presentado en favor de dos funcionarios municipales.
La resolución ratificó el fallo dictado el 30 de septiembre por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que cuestionó la falta de fundamentos para autorizar la incautación de computadores institucionales y teléfonos personales en el marco de una investigación por eventuales delitos económicos.
De acuerdo con los antecedentes, esa jornada del 11 de septiembre, la Brigada de Delitos Económicos llegó al municipio solicitando la entrega voluntaria de equipos computacionales y telefónicos sin contar con una orden judicial fundada.
Por ello, uno de los afectados solicitó dicho documento, siendo retenido por al menos cuatro horas sin tener derecho a comunicarse mientras se gestionaba una orden verbal del Juzgado de Garantía de San Felipe.
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que fue confirmado por la Corte Suprema determinó que la medida se dispuso de forma infundada, vulnerando la normativa, argumentando que existe ausencia de antecedentes que vincularan objetivamente a los dos funcionarios con los delitos que se investigan, evidenciando una falta de proporcionalidad en la decisión. Asimismo, establecieron que se vulneró la libertad personal de uno de los afectados al mantenerlo retenido en su oficina.
En consecuencia, se ordenó dejar sin efecto la incautación, devolver los equipos electrónicos a sus propietarios y eliminar la información obtenida desde dichos dispositivos.
Tras conocerse la resolución, el alcalde de Llay Llay, Edgardo González Arancibia, comentó que “la Corte Suprema ha ratificado que el allanamiento realizado en la Municipalidad de Llay Llay el pasado 11 de septiembre fue abiertamente ilegal al carecer manifiestamente de fundamento, confirmando lo que siempre hemos sostenido: que nuestras actuaciones se han apegado a la ley, las obras se han ejecutado de manera adecuada y no existe daño al patrimonio público; por lo que, aunque mantenemos nuestra tranquilidad y disposición a colaborar, esta resolución es una señal potente del máximo tribunal del país respecto a la debilidad, el sesgo y la poca diligencia de la investigación llevada adelante por la Brigada de Delitos Económicos de Los Andes, que vulneró gravemente los derechos de nuestros funcionarios”.
