Despido de 63 trabajadoras de Proempleo genera preocupación por impacto en decenas de familias de Valparaíso

Las recientes desvinculaciones de 63 trabajadores del Programa Proempleo en Valparaíso, la mayoría mujeres, encendieron las alertas entre autoridades locales y representantes sindicales, quienes advirtieron sobre el fuerte impacto social que la medida tendrá en decenas de familias que dependen de estos empleos para su sustento diario.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, junto al gobernador regional, Rodrigo Mundaca, y la presidenta del Sindicato Proempleo PIC 2 y PIC 4, María Inés Marín, calificaron la situación como una injusticia y exigieron explicaciones respecto de los criterios utilizados para concretar los despidos.

Según explicó la jefa comunal, las personas desvinculadas cumplían funciones esenciales en distintas áreas municipales, incluyendo atención social, respuesta a emergencias, mantención de espacios públicos y labores administrativas. Asimismo, destacó que 17 de ellas se desempeñaban en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), apoyando directamente a vecinos que requieren asistencia social.

“Este programa beneficia a mujeres de Valparaíso con múltiples necesidades, por lo que lo mínimo era informar con anticipación una decisión de esta magnitud”, sostuvo la alcaldesa, quien cuestionó que las desvinculaciones se realizaran sin previo aviso al municipio.

Desde el Gobierno Regional, Rodrigo Mundaca, señaló que la medida afecta principalmente a mujeres jefas de hogar y recalcó la necesidad de transparentar las razones detrás de la reducción de cupos. Además, indicó que solicitarán explicaciones formales debido a que el Programa Proempleo cuenta con financiamiento regional.

Por su parte, la dirigenta sindical, María Inés Marín, afirmó que la situación ha generado gran incertidumbre entre los trabajadores y sus familias. “No son 63 personas, son 63 familias que en julio podrían quedarse sin ingresos para sus hogares”, señaló.

Las autoridades y representantes de los trabajadores coincidieron en que la principal preocupación radica en el impacto económico y social que enfrentarán las familias afectadas, especialmente en un contexto donde muchas de las personas desvinculadas son el principal sustento de sus hogares. Mientras tanto, continúan las gestiones para solicitar la revisión de los casos y buscar alternativas que permitan la reincorporación de los trabajadores afectados.