Censo 2024: Contraloría revela que INE contrató a censistas con antecedentes penales y otros con órdenes de expulsión vigentes

Un total de 16 personas con antecedentes penales por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas fueron contratadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para desempeñar funciones en el Censo de Población y Vivienda 2024.

Así lo reveló la Contraloría General de la República en su Informe N°194-2025, el cual revisó los procesos de contratación ejecutados en las distintas etapas del operativo censal.

De acuerdo con el informe, en seis casos los certificados de antecedentes presentados no fueron validados ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, mientras que en otros 10 no se acreditó que dichos documentos fueran efectivamente solicitados al momento de la contratación.

La Contraloría también advirtió la contratación de 14 personas extranjeras no habilitadas para trabajar en el país, incluyendo casos de residencia revocada e incluso una persona con orden de expulsión pendiente.

Asimismo, el organismo indicó que más de 130 trabajadores no contaban con la acreditación de antecedentes educacionales requeridos para cargos como Coordinador de Local Censal y Gestor Administrativo.

Debido a estas irregularidades, no se aplicaron multas por un total de $131.972.500 a las empresas encargadas del reclutamiento y selección del personal.

Otras observaciones del informe

El informe también detectó que una exasesora del INE integró una comisión evaluadora pese a ser representante legal de una empresa participante en la licitación.

Además, no se pudo acreditar la ejecución efectiva de labores por parte de 515 censistas, pese a pagos que alcanzaron los $166.356.508.

Se identificó también a 267 personas que prestaron servicios en el Censo 2024 mientras mantenían contratos vigentes con otras instituciones públicas, situación que no fue declarada conforme a las exigencias establecidas. Estos casos serán remitidos al Ministerio Público.

En materia de arriendos, se constataron 77 contratos para oficinas y locales censales sin respaldo técnico suficiente, incluyendo casos con duración superior a la del propio operativo censal, generando pagos no justificados por $49.430.231.

Asimismo, se observó un pago nacional de $134.243.088 realizado el 1 de mayo de 2024 para traslado de funcionarios y censistas, sin actividades censales que lo justificaran.

En cuanto a equipamiento, el informe señala que el INE no definió oportunamente el destino de 4.588 computadores y 37.529 smartphones adquiridos para el proceso. Tras el término del censo, los equipos permanecieron almacenados por meses, y al 7 de noviembre de 2025 aún se mantenían 484 computadores y 29.226 smartphones en dependencias de la Subsecretaría de Bienes Nacionales.

Acciones derivadas

La Contraloría ordenó al INE iniciar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.

Además, formuló un reparo por $315.645.819 y continúa revisando la observación vinculada al pago de $166.356.508 por labores no acreditadas.

Se otorgó un plazo de 60 días hábiles a la Subsecretaría de Bienes Nacionales para definir el destino de los equipos almacenados.

Finalmente, el informe fue remitido al Ministerio Público para las diligencias que correspondan.